miércoles, 12 de junio de 2019

El Bendito Problema de la Calle 13


La movilidad por la calle 13, en la localidad de Fontibón, se ha convertido en una pesadilla para llegar a la capital. Los afectados dicen que se demoran hasta tres horas y todo por cuenta del decreto 520, que firmó el alcalde Gustavo Petro en noviembre del año 2013, con el que dejó este corredor como la única vía sin restricción para los vehículos de carga pesada que llegan a Bogotá. La medida ha generado gran malestar entre los habitantes de los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá, quienes se han quejado ante el Distrito por los perjuicios que les ha causado.
En los 10 meses de vigencia que completa el decreto, los afectados han tratado de obtener una cita con el mandatario distrital para encontrar una solución al problema de movilidad. Sin embargo, aseguran que la respuesta de la Alcaldía ha sido la misma: silencio. Por esta razón, como último recurso, la Personería del municipio de Mosquera interpuso una acción popular y otra de nulidad para pedir la suspensión del decreto, con el fin de buscar la protección de derechos vulnerados a la población, como el goce del espacio público, la libre circulación por el territorio nacional y a un medio ambiente sano.
“Después de tantos intentos por dialogar con el Distrito y no haberlo conseguido, decidimos iniciar dos acciones judiciales en contra del decreto. Consideramos que la medida fue arbitraria y nunca se tuvo en cuenta a los municipios aledaños. Nosotros no vivimos en Bogotá, pero de los 700.000 habitantes de los municipios de Sabana Occidente, al menos la mitad trabajan en la capital”, asegura Guillermo Granados, personero de Mosquera.
Según cifras de la Personería de ese municipio, se ha registrado un incremento del 77% en la circulación de vehículos pesados por la calle 13, al pasar de 1.446 a 2.556 entre febrero y junio de este año. En 2011 sólo transitaban 550 vehículos pesados por esta ruta.
Al aumentar el número de este tipo de automotores también se incrementa el tiempo de desplazamiento. En comparación con el año 2013, cuando el recorrido duraba entre una y dos horas, el tiempo aumentó casi un 40%. “Ahora nos demoramos 58 y 62 minutos más en llegar a nuestros trabajos, porque esos camiones van a 20 o 30 km/h y como la vía no permite adelantarlos, pues toca esperar”, cuenta Luisa Naranjo, habitante de Mosquera, quien lidera el movimientos ‘No más trancón por la calle 13”.
Según las denuncias de los ciudadanos, al día pueden gastar hasta seis horas en los desplazamientos de su casa al trabajo. “Perdemos mucho tiempo con nuestras familias. Además, los trancones nos han traído líos en el trabajo por llegar tarde. Incluso, muchos han perdido oportunidades laborales y citas médicas”, agrega Naranjo.
Cuando hay choques en la vía, la situación es peor. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, en esta vía se presentan tres accidentes diarios. En 2013 hubo 835 accidentes, en los que se vieron involucrados los peatones.
Otra denuncia de la Personería de Mosquera es el deterioro del corredor vial. Cada vez aumenta la cantidad de huecos y grietas en la calle, lo cual dificulta la movilidad. De acuerdo con la acción de nulidad, además faltan señalización lateral y demarcaciones de piso, sobre todo en los puntos críticos, donde se presenta mayor congestión: la carrera 128 (Setra), carrera 119 (Sito) y carrera 86 (Av. Ciudad de Cali).
Asimismo, la preocupación por la contaminación es patente. “El tránsito de vehículos de carga pesada produce emisiones contaminantes que, a todas luces, disminuyen la calidad de vida de las personas que transitan por la calle 13”, dice la acción popular.
La pelea por ser escuchados ya lleva más de un año, cuando Nicolás García Bustos, el alcalde de Mosquera en su momento, le solicitó al Distrito frenar la medida y “plantear soluciones que corrijan deficiencias presentadas actualmente en la vía de acceso de la calle 13”. Desde entonces, al menos 20 cartas de las alcaldías, entes de control municipales y ciudadanos han llegado hasta el despacho del alcalde de Bogotá y ninguna ha sido respondida. Estas pruebas se anexaron en la acción de nulidad y en la popular.

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