La
Procuraduría General de la Nación recomendó a la Dirección General de Sanidad
Militar revocar el proceso licitatorio para la adquisición, suministro y
dispensación de medicamentos por valor de $387.000 millones, por presunto
incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la
contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de
oferentes.
El
órgano de control, como parte de una acción de vigilancia y seguimiento,
advirtió a la Dirección de Sanidad que las autoridades administrativas están
obligadas a cumplir con los procedimientos de selección objetiva y los
principios de planeación y selección objetiva; y no pueden restringir la
posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los
fines del Estado.
El
Ministerio Público cuestionó el establecimiento de condiciones de habilitación
y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos,
así como el pago de facturas sin auditoría médica, para generar
"liquidez" al contratista.
Al
evaluar los pliegos de la licitación evidenció que se abre la puerta al pago de
medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados por la
Comisión Nacional de Precios de Medicamentos e Insumos Médicos, originando
posiblemente sobrecostos que se financiarían
con recursos públicos de la seguridad social en salud.
La
Procuraduría recordó que de acuerdo con la Circular 07 de 2018 de la Comisión
Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, los regímenes especiales de
salud también están sometidos al control de precios de medicamentos, por lo que
los pliegos de la licitación no pueden desconocer el ordenamiento legal.
A
juicio de la entidad, las falencias del proceso de contratación podrían afectar
la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de
medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad
militar.
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