miércoles, 2 de octubre de 2019

Procurador expide Directiva para garantizar transparencia en actualización del Sisbén

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, exhortó a los gobernadores y alcaldes del país a adoptar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en el proceso de actualización del Sisbén IV.
El jefe del Ministerio Público emitió la Directiva 014, de septiembre de 2019, en la que pidió a las autoridades territoriales que actualmente adelantan ese proceso, en la fase de ‘barrido’, la adopción de las medidas pertinentes para impedir intervenciones o manipulaciones en favor de intereses particulares o electorales.
El Procurador General señaló que tanto los gobernadores como los alcaldes deben observar estrictamente las condiciones definidas por el Departamento Nacional de Planeación para la actualización del sistema, así como gestionar los riesgos y disponer de los mecanismos de control necesarios para impedir posibles injerencias ilegales durante el diligenciamiento de las encuestas practicadas en los hogares, así como en el procesamiento de la información obtenida.
En la Directiva se establece que la vigilancia sobre la aplicación de las encuestas estará a cargo de los procuradores regionales, distritales y provinciales, así como de los personeros distritales y municipales, quienes podrán iniciar las acciones preventivas o disciplinarias que consideren pertinentes.
El Procurador General de la Nación podrá solicitar la suspensión o revocatoria de los actos administrativos realizados, en los casos donde se conozcan posibles actuaciones irregulares de las autoridades para utilizar el proceso de actualización del Sisbén IV con fines distintos a los establecidos legalmente.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público instó a la ciudadanía a actuar como veedora de las acciones de los servidores públicos encargados del proceso y denunciar las posibles actuaciones ilegales en quejas@procuraduria.gov.co, o ante la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales en el correo control.electoral@procuraduria.gov.co, así como en las sedes territoriales de la Procuraduría en todo el país.
La actualización del Sisbén IV en la fase de ‘barrido’ permitirá obtener la información necesaria para construir la base inicial de potenciales beneficiarios del sistema.


Infiltrada red de narcomenudeo que delinquía en los entornos universitarios del norte de Bogotá

El grupo investigativo creado por la Fiscalía General de la Nación para perseguir a las redes de narcomenudeo que invaden las zonas aledañas a los colegios y las universidades del país, puso al descubierto un engranaje criminal que representaba un peligro para la salud y la vida de estudiantes y los jóvenes que frecuentaban un reconocido sector en el norte de Bogotá.
Gracias a los acercamientos y las jornadas de sensibilización realizadas con los rectores de algunas instituciones académicas de la localidad de Chapinero, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) referenciaron un polígono ubicado en el barrio Antiguo Country y el sector El Lago, donde confluyen varias universidades e instituciones técnicas y de educación superior.
En las indagaciones se constató la existencia de un mercado ilícito de cocaína, marihuana, medicamentos de uso contralado para tratar enfermedades psiquiátricas y del sistema nervioso, además de gran variedad de sustancias ofrecidas como drogas sintéticas, que generan dudas sobre su verdadera composición por la facilidad con la que eran adquiridas.
Agentes encubiertos se infiltraron en la vida estudiantil de esa zona de la ciudad. En pocos días establecieron que desde la esquina de la carrera 16A con calle 75, frente a dos establecimientos comerciales, una red delincuencial coordinaba toda la actividad de venta de estupefacientes y dispersaba a los expendedores hacia otros puntos de la localidad.

En cinco meses, los investigadores identificaron a los presuntos integrantes de esta organización y recopilaron material probatorio como videos, audios, mensajes telefónicos y dosis de cada una de las sustancias que ofrecían.

La línea de distribución
Los investigadores identificaron a ‘Nippi’, como el articulador de la cadena de distribución. De lunes a viernes el joven se instalaba de 3 a 5 horas en la esquina referenciada por los agentes encubiertos y caminaba una distancia no superior a 50 metros entre dos establecimientos comerciales. En el recorrido constante esta persona vendía cocaína, marihuana y otras drogas como éxtasis, ácidos y 2CB o cocaína rosada.
Con el apoyo de los sistemas de video-vigilancia del sector se pudo hacer un seguimiento constante a alias Nippi y se constató que en media hora realizaba entre 16 y 20 transacciones ilícitas. Usaba su aspecto universitario para pasar desapercibido, ocultaba los estupefacientes en su morral de estudio y, en algunas oportunidades, daba muestras gratis de las sustancias para inducir a otros jóvenes al consumo.
En la cabeza de la línea de distribución, junto a alias Nippi, estaban alias Pecas, y un hombre conocido como ‘Naruto’. Este último hacía publicaciones en sus estados de WhatsApp y redes sociales, y del mismo hay mensajes en los que presuntamente se comprometía a mover drogas en fiestas electrónicas y eventos nocturnos.
Otros señalados integrantes encargados del expendio son: alias Natalia, Pelusa, Santi y Raider, este último habría incumplido en varias oportunidades el beneficio de detención domiciliaria que le otorgaron luego de ser condenado a 14 años de prisión por los delitos de hurto calificado y agravado, y tentativa de homicidio.

Desarticulación
En una acción coordinada de la Fiscalía General de la Nación, a través de su policía judicial CTI, con la Dirección de Servicios Especiales de la Policía Nacional y la Policía de Bogotá, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Distrito, se realizaron las capturas de los siete presuntos integrantes de la red de narcomenudeo en los entornos educativos de la localidad de Chapinero.
En 5 diligencias de registro y allanamiento realizadas en las localidades de Suba, Usaquén y Chapinero, fueron incautadas 186 dosis de cocaína, 621 de marihuana, además de frascos de popper, pastillas de éxtasis, una prensa artesanal, 2 grameras, 6 teléfonos celulares y 916 mil pesos en efectivo.
Los dos establecimientos ubicados en la esquina de la carrera 16A con calle 75 que habrían actuado permisivamente y permitieron que la estructura criminal vendiera drogas, fueron objeto de medidas administrativas de sellamiento.
En las últimas horas un juez de control de garantías legalizó la captura de las siete personas, los allanamientos y los elementos materiales probatorios incautados.
La audiencia de imputación está programada para mañana martes y el fiscal de conocimiento les imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.


A prisión presuntos integrantes de estructura delictiva que participó en secuestro de un hacendado en Cundinamarca.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías profirió medida de aseguramiento en un centro penitenciario contra tres personas, señaladas como presuntas integrantes del frente 10 Martín Villa de la disidencia de las Farc, dedicadas a comisión de extorsiones y secuestros en el departamento.
Las investigaciones —adelantadas por servidores de la Fiscalía Seccional Cundinamarca— indican que los sujetos estarían relacionados con la quema de buses a empresas de transporte y amenazas a los comerciantes.
Como es de recordar, el 6 de junio último, gracias al trabajo conjunto entre el CTI, el Gaula Ejército y la Policía fue rescatado José Gilberto Rodríguez en zona rural de Chía, tras su plagio horas antes en Tenjo (Cundinamarca). Por ello, al día siguiente fueron capturados tres presuntos delincuentes implicados en el hecho delictivo.
Después de esto, el miércoles 25 de septiembre se realizó un operativo de allanamiento y registro con fines de captura en los municipios de Tenjo y Sibaté (Cundinamarca), donde se logró la captura otros 3 presuntos partícipes en el secuestro, quienes son los procesados en esta ocasión.
Los supuestos disidentes fueron identificados como Epigmenio Cárdenas Barrera, Marco Aurelio Cruz Ramírez y Floradiz Medina Osa, hoy judicializados con fundamento los elementos materiales de pruebas que le permitieron a la Fiscalía imputarles los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado consumado; fabricación, tráfico, o porte de armas de fuego y hurto calificado y agravado.
Finalmente, por orden del juez de garantías, fueron remitidos a la Cárcel Modelo y el Buen Pastor en Bogotá, respectivamente.

Orden de captura contra tres integrantes del COCE del ELN por asesinato de dos periodistas

 En las últimas horas un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra tres integrantes de la cúpula del Comando Central (COCE) del ELN.
Se trata de Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Eliécer Herlinton Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’.
Los jefes guerrilleros son señalados como presuntos autores mediatos de homicidio agravado de los periodistas Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, ocurrido el 24 de abril de 1991 en el municipio de Segovia (Antioquia).
Mediante el proceso, que se adelanta en Ley 600, el ente investigador determinó que los dos comunicadores viajaron hasta Segovia para recaudar información que les permitiera narrar en una crónica los hechos sucedidos el 11 de noviembre de 1988, en lo que se conoció como la ‘Masacre de Segovia’, y que dejó 46 personas asesinadas y 45 más heridas producto de una incursión paramilitar de un grupo comandado por Fidel Castaño Gil.

Los vínculos del ELN
La investigación permitió establecer que el homicidio de los dos periodistas fue ejecutado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes creyeron que los hombres que recién llegaban de Bogotá (3:30 p.m.) hacían parte de la inteligencia militar.

Durante el recaudo de pruebas, los investigadores de la Fiscalía determinaron que estas personas fallecieron por “circunstancias que imposibilitan el ejercicio de la acción penal contra ellos”, según el fiscal del caso, quien agregó que el actuar de los milicianos del ELN, que hicieron efectivo la muerte violenta de Chaparro y Torres, no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal.

Crimen de guerra

El asesinato, ocurrido hace 28 años, fue declarado como “Crimen de guerra” por la Fiscalía General de la Nación en diciembre pasado. “Eran civiles que no participaban en el conflicto”, argumentó el ente investigador tras recordar los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, por cual consideró aplicable las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En este caso, la investigación da por probado que con las muertes de Chaparro Hurtado y Torres Navas se cumple claramente el nexo con el conflicto interno, y que no fueron asesinados por su condición de periodistas.

“Aquí las milicias del ELN actuaron en acatamiento a su misión de combatir a las fuerzas del Estado y opositores a sus objetivos de lucha, con el convencimiento de que las víctimas eran miembros de inteligencia militar, a quienes por demás catalogaban como aliados de los paramilitares, otros de sus enemigos naturales en este extenso conflicto colombiano”, precisa la Fiscalía y agrega que con estos dos asesinatos se incurrió en el llamado “homicidio intencional”.

A indagatoria a cuatro exfuncionarios del Inpec por su presunta participación en la desaparición de internos de la cárcel Modelo de Bogotá

En relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos que roderaon la desaparición forzada de 101 internos en la cárcel Modelo de Bogotá, durante el 19 de junio y el 2 de noviembre de 2001, el fiscal de conocimiento decidió llamar a indagatoria a cuatro exfuncionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Las personas citadas a indagatoria son:
General (r), Fabio Campo Silva
Director General del Inpec, desde el 16 de febrero de 2000 hasta el 6 de julio de 2001.
Mayor (r), Jaime Gallo Zuleta
Asesor externo del Inpec, 2000-2001.
Coronel (r), Luis Bernardo Maldonado Bernate
Subdirector general del Inpec, para la época comprendida entre 20 de abril de 1999 a 5 de julio de 2001.
Reinaldo Fierro Rico
Director de la Cárcel Modelo de Bogotá, para el tiempo de 5 de noviembre de 1999 a 6 de julio de 2000.
De otro lado, fue radicada la resolución de acusación en contra de: William Gacharná Castro, Juan Carlos Cadavid Veléz, José William Parra Arroyave, Albert Narváez Mejía, investigados por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.