La
Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de
Salud intervenir de manera inmediata la EPS Coomeva y adelantar acciones que
garanticen la prestación del servicio a cerca de 2 millones de usuarios que
podrían estar en riesgo.
El
ente de control advirtió que la EPS tiene una deuda de $2.2 billones, por lo
que algunas IPS no prestan los servicios de salud a la población afiliada, lo
que ha causado que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores
a las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplirle a los
usuarios.
Coomeva
EPS ha tenido un aumento en las quejas por presuntas irregularidades en la
prestación de servicios. En los primeros 7 meses de 2019 se han registrado
42.702 PQRD (un promedio de 6.100 por mes). Para 2018 esa cifra fue de 60.824,
lo que significa que en promedio al mes fueron 5.068.
En
su mayoría las PQRD relacionadas con barreras de acceso para la atención de
enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de
atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas
de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos.
Entre
enero y junio de 2019 la cuantía de los procesos jurídicos contra la EPS
asciende a $6.007.783.896. En el mismo periodo ha sido notificada de 17.435
acciones de tutelas, y entre enero y mayo, de 287 desacatos.
Dentro
de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se han encontrado
evidencias que permitirían establecer que la EPS estaría incumpliendo con las
condiciones financieras establecidas, que no cuenta con una red de servicios
médicos asistenciales en uno o varios niveles de complejidad, presenta un alto
número de tutelas y embargos y tiene fallas en los programas preventivos.
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