La
articulación de capacidades investigativas y operativas de la Policía Nacional
a través de su Gaula y de la Delegada para la Seguridad Ciudadana de la
Fiscalía General de la Nación, permitieron asestar el mayor golpe del 2019 a
las redes criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en todas sus
modalidades. La Policía Nacional de los colombianos y la Fiscalía General de la
Nación pusieron en marcha esta mega operación en 22 departamentos y tres
ciudades capitales. En total se realizaron 50 diligencias de registro y
allanamiento en las que, además de las detenciones, fueron incautados
celulares, agendas y otros elementos indispensables para las investigaciones.
En
la operación denominada ‘despertar’ participaron 811 unidades de policía y 24
fiscales de diferentes seccionales. En total se realizaron 155 capturas en 50
diligencias de registro y allanamiento cumplidas en las ciudades de Bogotá,
Cali y Medellín, así como en varios municipios de Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira,
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío,
Risaralda, Tolima, Santander, Sucre y
Valle del Cauca, así como en la región de Magdalena Medio.
En
los procedimientos fueron afectadas estructuras sensibles del Eln, al que le
fueron capturados en Norte de Santander cinco de sus integrantes vinculados
presuntamente a la planeación y ejecución de homicidios selectivos, cobro de extorsiones
y hurto de hidrocarburos, ‘Clan del Golfo’, con 11 detenciones en los departamentos
de Córdoba y Antioquia.
Adicionalmente,
cerca de 20 organizaciones delincuenciales fueron golpeadas en sus diferentes
componentes. Uno de los casos más destacados de la operación ‘despertar’ se
registró en Valle del Cauca. Desde la cárcel de Buga, un hombre conocido como
‘chagualo’, señalado cabecilla de la banda ‘la inmaculada’, extorsionaba a sus
víctimas valiéndose de una mujer de nacionalidad venezolana, quien ejercía
actividades de tipo sexual en las zonas de rumba de Tuluá.
‘Chagualo’
habría aprovechado la condición de ilegal de la mujer para convertirla en su
pareja y cómplice. Ella, sería la encargada de abordar a las víctimas en
discotecas para sacarles información que, posteriormente, era entregada a la
organización delictiva para realizar extorsiones que podían llegar a los 40
millones de pesos.
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