El
Procurador General calificó como un día histórico la firma la Resolución que le
reconoce la nacionalidad a los niños, de padres venezolanos, nacidos en
Colombia a partir del 19 de agosto del 2015, y dijo que es el reflejo del
compromiso en la garantía y la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, además de un mensaje contra la xenofobia, que responden a
convicciones democráticas profundas como las tiene Colombia.
Precisó
que en el artículo 44 de la Constitución de 1991 “incorporamos con muchísima
claridad que los derechos de los niños prevalecían sobre los derechos de los
demás, que el interés superior de los niños estaba llamado imponerse. Por eso
es de verdad un día histórico y es, además, una gran lección a nuestros
vecinos, y lo digo con todo el respeto”.
“La
causa de esta masiva migración es una de las dictaduras más brutales que tiene
hoy la humanidad, pero los derechos humanos no pueden estar condicionados a
ninguna situación, son inalienables e irrenunciables”.
En
compañía del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Canciller,
Carlos Holmes Trujillo, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el
Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, el jefe del
Ministerio Público destacó el apoyo de la cooperación internacional que
aportará US950 mil dólares para esta iniciativa, que busca garantizar los
derechos fundamentales, en particular a la nacionalidad de estos niños y niñas.
Carrillo
Flórez recalcó el papel de la Organización Internacional para las Migraciones,
de Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), y de Unicef “que van a seguir
con nosotros, hombro a hombro, financiando lo que viene”.
Agregó
que “esto es una señal clarísima, rechacemos la xenofobia, miremos que sí es
posible por la vía del apoyo de la cooperación internacional conseguir esos
recursos que no tienen por qué competir con los de los colombianos”.
Desde
el pasado 29 de abril, el jefe del órgano de control convocó al Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Migración
Colombia, el instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría
del Público, donde expresó su preocupación sobre el riesgo de apatridia en la
que se encontraban los hijos de los venezolanos que estaban naciendo en
territorio colombiano.
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