En el marco del plan de la Fiscalía General
de la Nación para poner al descubierto hechos de corrupción relacionados con la
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se logró la
imputación de cuatro mandatarios locales, dos del Chocó, uno de Córdoba y uno
de Cundinamarca, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos
por más de 3.700 millones de pesos.
En todos los casos, los fiscales y los
investigadores de la Dirección Especializada contra la corrupción ponen al
descubierto complejos entramados que afectan los procesos democráticos.
En el departamento del Chocó, se imputó a los
alcaldes de Bojayá y Bajo Baudó, Jeremías Moreno y Jhon Jared Murillo,
respectivamente, por otorgar contratos a quienes habrían financiado sus
campañas electorales en el año 2015.
Para el caso de Bojayá, la Fiscalía evidenció
que el actual alcalde, Jeremías Moreno habría entregado contratos por más de
900 millones de pesos para el suministro de insumos y servicios al señor Eberto
Unfried Machado, quien donó cerca de siete millones de pesos para su campaña,
violando el régimen de topes de financiación.
En el municipio de Bajo Baudó, Chocó, el
actual alcalde Jhon Jared Murillo habría entregado contratos por $353 millones
y por $345 millones a los señores Eladio Urrutia y Yesid Salazar, quienes
habrían financiado la campaña electoral con sumas cercanas a los 5 y 3 millones
de pesos, respectivamente.
Respecto al departamento de Córdoba, las
investigaciones recayeron sobre el alcalde de San Bernardo del Viento, cuyo
alcalde, Élber Luis López adjudicó seis contratos por más de $670 millones de
pesos al señor Pedro Antonio Negret Ramos, quien habría aportado cerca de siete
millones de pesos a su campaña.
En Cundinamarca, el ente investigador
encontró que en el municipio de Vergara se otorgaron contratos a dos
financiadores de la campaña de la actual primera mandataria, Ana María Mahecha
Olarte.
Cuatro de los contratos de obra de Vegalarga
fueron entregados a la señora Martha Jazmín Castillo Lugo, por un monto
superior a los $1.558 millones; mientras que tres contratos de alquiler de obra
se adjudicaron a Jesús Alexánder Cifuentes Arias, por $31 millones. Los dos
favorecidos habrían entregado sumas cercanas a los 5 y 9 millones de pesos para
financiar la campaña de la actual alcaldesa. En este caso, además de la
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se estudia la
posible comisión del delito de falsedad en documento privado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario